La idea de negociar

Este post fue originalmente publicado en La Tercera

“La idea de legislar”, así, a secas, siempre ha sido un mal nombre para el primer trámite de una ley. Lo que el Congreso vota cuando revisa por primera vez un proyecto, es si están de acuerdo en discutir en detalle el proyecto en cuestión, no si les interesa o no el tema, o si se niegan o no a realizar la función para lo cuál fueron electos. En el fondo – y al contrario como han manifestado analistas y políticos oficialistas- no se trata de que los y las congresistas sean flojas, sino que precisamente están haciendo lo que la Constitución les ordena.

En sistemas presidencialistas, los Congresos tienen poco poder en relación con el Ejecutivo. Esa no es la excepción en Chile, donde el gobierno es el único que puede presentar proyectos que afecten el presupuesto y que, además, controlan la agenda de qué es lo que pueden discutir las Cámaras y cuándo (las llamadas urgencias legislativas). La “idea de legislar” es, entonces, uno de los pocos momentos en la vida de un proyecto de ley en que el Congreso tiene cierta igualdad de poder con el Ejecutivo.

Cuando un proyecto es aprobado en general, el Congreso empieza una discusión artículo por artículo y con indicaciones. Algunos pensarán que no tiene sentido que el Congreso evite esta etapa, pero no hay que olvidar lo complejo que es poner de acuerdo a distintas facciones políticas en torno a algo. Si ya es complicado ponerse de acuerdo en votar un proyecto en general, el nivel de coordinación requerido durante el resto de la tramitación es mucho más alto. Es por eso que el poder del Congreso disminuye después que se aprueba la idea de legislar: el chef de “la cocina” es el Ejecutivo.

El uso de esta herramienta no es nuevo. Uno de los casos emblemáticos fue el rechazo a la idea de legislar sobre aborto que tuvo el Senado en 2012, con votos de la derecha. Ahora, el que las comisiones respectivas hayan rechazado la idea de legislar no es la última palabra, sino que aún falta la decisión de la Sala. Algo similar ocurrió en 2015 con la carrera docente, que fue rechazada por la Comisión de Educación para ser luego revertido el rechazo en la Sala.

Lo que sí es complejo es que el gobierno antagonice a la oposición con la ciudadanía, con la idea que rechazar la idea de legislar es lo mismo que negarse a trabajar o simplemente obstruir. El rol del Congreso es revisar, discutir y, ojalá, perfeccionar los proyectos que entran. Si un gobierno pretende que el Congreso no ocupe las herramientas que le otorga la Constitución, entonces está diciendo que no le gusta nuestro sistema político. Hay otros sistemas, como el parlamentarismo, donde este tipo de situaciones ocurren con menos frecuencia. Por mientras, el camino que traza la Constitución es conocido por todos los involucrados.

La otra opción es que el gobierno nunca haya querido aprobar estos proyectos y simplemente busca mostrar a sus adversarios como poco dialogantes ante la ciudadanía. Eso no sería raro viendo el amplio despliegue comunicacional detrás del proyecto de Admisión Justa. Si esta fuera la realidad, toda esta indignación no sería más que una impostura. Por eso mismo es importante observar si el Gobierno va a buscar una posición más dialogante – sobre todo con la DC – antes que los proyectos se discutan en la Sala. Si el nivel de indignación es indirectamente proporcional al interés del gobierno por aprobarlos, apostaría que la reforma a las pensiones tiene mejor futuro que la de admisión escolar.