Publicado originalmente en La Tercera
En Chile tenemos una fijación con la fortaleza institucional. Los debates se definen en advertir sobre los riesgos de debilitar nuestras instituciones, afectar el estado de derecho, fijar precedentes, entre otras cosas. El cumplimiento formal a la norma y la certeza jurídica sobre los actos legales son tratados como un verdadero dogma sobre el que descansa todo nuestro sistema político. Sin embargo, poco conversamos acerca de cuál es el rol de esas instituciones en la fortalecer o debilitar nuestra democracia, y a quiénes les conviene (o no) su fortaleza.
Por años, hemos escuchado que la fortaleza institucional es, por sí misma, una buena noticia. Chile se compara con otros países de la región y vemos con cierta alegría que nuestro sistema legal funciona, que las leyes se siguen y que, aunque las organizaciones detrás de esas normas no cuenten con legitimidad (Congreso o Poder Judicial), eso no afecta mayormente la legitimidad de las leyes y sentencias que emanan de ellos.
No obstante, hay una dimensión oculta de la fortaleza o debilidad institucional, y se refiere a los intereses que esa misma institucionalidad protege. Como plantean María Victoria Murillo, Steven Levitsky y Daniel Brinks en su libro “La Ley y la Trampa en América Latina”, el hecho que las reglas se diseñen y no se cumplan, o que se cumplan para algunos y no para otros, no siempre tiene que ver con un problema de cumplimiento de la ciudadanía. Al contrario, plantean, muchas veces son las élites políticas y económicas las que diseñan las instituciones de esa forma para proteger sus propios intereses. Entonces, el que una institución sea débil no es un problema a superar, sino que una característica de sí misma.
El caso chileno es interesante, porque el problema no pareciera ser uno de instituciones débiles, sino que -al revés- de instituciones excesivamente fuertes e inflexibles que sirven para evitar cambios que vayan en beneficio de la mayoría. Así, tenemos un sistema presidencialista que bloquea las iniciativas de los gobiernos, quórums supra mayoritarios para detener avances legislativos, un Tribunal Constitucional que salva el statu quo cuando todo lo anterior falla. A partir de la actual Constitución, se ha diseñado una situación en la que las instituciones funcionan distinto para algunos grupos y que, en su mayoría, protege los intereses de una élite particular privilegiando el statu quo.
Pareciera ser que algunas instituciones chilenas, particularmente a nivel constitucional, gozan de buena salud en términos de su fortaleza. Pero es precisamente su contenido el que tiene a una población descontenta y movilizada. A la hora de escribir nuestras nuevas normas, es importante analizar y explicitar los intereses que defienden. El proceso constituyente retirará poder a esas mismas élites que se han visto beneficiadas por la fuerza de nuestras instituciones, ojalá que eso no implique que traten de debilitarlas.