Este post fue originalmente publicado en La Tercera
Después de leer algunas columnas del fin de semana pasado, queda la impresión de que aún falta mucha gente que condene la violencia. Que la amenaza del derrumbe económico debiera hacer reaccionar a la calle y que, si bien las movilizaciones fueron útiles para gatillar los cambios, es hora de pararlas para seguir trabajando con calma sobre esos cambios. Todas y cada una de estas afirmaciones son insistentemente inconsistentes con la evidencia y muestran a una élite incapaz de escuchar -ni hablemos de entender- lo que ocurre fuera de su espacio de poder.
Los datos de la última encuesta Cadem muestran el 96% de los encuestados está en contra de los saqueos y robos, mientras que un persistente 67% (con el simbolismo de los 2/3) está de acuerdo con que continúen las movilizaciones. Eso no sólo echa por tierra la idea de que falta gente aún que condene los saqueos y destrozos, sino que además muestra que la opinión pública es capaz de diferenciar ambos fenómenos. La estrategia de insistir con el “debemos condenar la violencia” no es más que un mantra vacío que no genera efectos prácticos, y que confirma la falta de sintonía entre gobernantes y gobernados.
Sin ir más lejos, esta semana también tenemos una cifra récord entre quienes prefieren la democracia a otra forma de gobierno (71%). Este número es el más alto de los últimos 10 años, según estudios del PNUD. Podríamos interpretar que las movilizaciones, la violencia y el estado actual del país no han estado acompañados de resabios autoritarios. Algo que también debe descolocar a esa parte de la élite que espera (a veces con gusto) que la desesperación por el orden público permita desmovilizar a la población. Pero no: ambas cosas no corren juntas. La opinión pública sí favorece una mayor acción policial contra la violencia, mientras que busca más movilización y menos concentración del poder. Eso también trae una dificultad mayor, porque la ciudadanía concuerda con que la policía ha usado la fuerza de forma excesiva (58%) pero está de acuerdo con que las FF.AA. protejan infraestructura crítica (59%).
Finalmente, tampoco parece que las inevitables consecuencias económicas de la crisis sean capaces de debilitar al movimiento. Mientras hace unos meses la encuesta Criteria mostraba lo deslegitimado que estaba el discurso del crecimiento económico, ahora la mayoría (87%) acepta que nos demoraremos meses o más en recuperar algo de “normalidad”. La percepción es que, en realidad, el crecimiento opera en beneficio de los más ricos.
Esta es una tormenta perfecta para la clase política. La sociedad demanda más que nunca una respuesta contundente a temas concretos como las pensiones, salud o educación, mientras exige que se le escuche más y se concreten los cambios institucionales prometidos. Todo eso mientras más del 40% ha participado de manifestaciones, algo insólito en nuestra reciente vida democrática. Los llamados a desmovilizar no sólo están a destiempo con respecto de la opinión pública, sino que, contrastado con algunas entrevistas y columnas, reflejan el miedo que tiene la élite a la falta de control y la pérdida de poder.
Aunque suene cliché, la población está exigiendo que los problemas de la democracia se resuelvan con más democracia. Y mientras la población parece consciente de los costos que tendrá este proceso, también se ve más dispuesta -que gran parte de los columnistas y políticos- a pagarlos.