La Derecha Progresista Oculta

Esta columna fue originalmente publicada en La Tercera y fue escrita en conjunto con Stephanie Alenda (UNAB) y Julieta Suárez-Cao (PUC)

Hay quienes plantean que la derecha no tiene las convicciones ideológicas para llevar adelante las reformas que el país está pidiendo, pero la evidencia de nuestra investigación sobre dirigentes de Chile Vamos muestra que, debajo de sus líderes más notorios, se esconde una centro-derecha mucho más progresista y abierta a los cambios.

La renovación de la derecha en el mundo tendió a jugarse principalmente en el ámbito valórico, desplazando un foco tradicionalmente centrado en la economía. Una de aquellas experiencias que despertó el interés de la “nueva derecha” durante el primer gobierno de Sebastián Piñera fue la del nuevo conservadurismo británico, entonces liderado por David Cameron, que buscó conectarse con las preocupaciones de una sociedad cambiante incorporando a su agenda temas como la calidad de los servicios públicos, el medio ambiente, y el matrimonio igualitario.

En el ámbito económico, tanto el partido Conservador británico como el Partido Republicano norteamericano adoptaron fórmulas basadas en la caridad y la “compasión” hacia los sectores más vulnerables o en un cierto comunitarismo que buscaba empoderar a la sociedad civil y reducir el rol del Estado. Aunque no alteraron su apego a la defensa del liberalismo económico, estos deslizamientos hacia el centro implicaron distanciarse de la doctrina neoliberal de los 70-80, tal como sucedió en Chile con la corrección progresiva del modelo económico desde la vuelta a la democracia.

La derecha chilena sigue este patrón de renovación en dos sentidos: su mayor apertura sobre cuestiones valóricas –enarboladas en particular por Evópoli– y cierto distanciamiento con el modelo económico y social heredado de la dictadura, una posición convergente con las demandas ciudadanas que estallaron este octubre.

Durante 2015 y 2016, realizamos una encuesta representativa a los dirigentes de partidos de Chile Vamos a todo nivel (regional, comunal, etc.), no sólo sus representantes nacionales. Los resultados, que son parte de un reciente libro editado por Stéphanie Alenda y publicado por el Foro de Cultura Económica, muestran que la coalición de gobierno alberga sensibilidades distintas respecto al rol del Estado en la economía: si bien la mayoría defiende su carácter subsidiario, un tercio de la dirigencia asume posturas “solidarias” estando de acuerdo con que el Estado aumente impuestos a las personas para financiar políticas del ámbito de la protección social. No solo esto: casi el 50% de la dirigencia de Chile Vamos reporta apoyar la eliminación del lucro en la educación.

Durante los últimos años, una nueva generación de intelectuales de derecha se preocupó además de instalar en el debate político temas que sintonizan con una parte de las demandas de la ciudadanía: la falta de regulación estatal que autoriza una inmensa concentración del poder económico y socava la competencia económica, la necesidad de lograr una mejor distribución de la riqueza, o la de robustecer el rol del Estado como garante de la justicia social.

En este sentido, el desafío histórico para el nuevo equipo al mando de las arcas fiscales del país radica en ir más allá de un libertarianismo renovado que subordina la justicia social al mercado. La historia nos enseña que, en momentos de crisis, la derecha ha tenido recursos para liderar transformaciones en contradicción con su núcleo doctrinario. Es en respuesta a la agitación socialista que Bismarck emprendió a fines del siglo XIX una serie de reformas sociales que hicieron de Alemania una gran precursora en la materia. En Francia, asimismo, la protección social nació después de la Segunda Guerra Mundial en base a un acuerdo doctrinario y político entre derecha e izquierda.

Esta coyuntura excepcional abre también la oportunidad de relegitimar el sistema político, lo que difícilmente podrá suceder sin un debate constitucional. Al respecto, nuestro estudio revela de nuevo posiciones encontradas en las dirigencias de Chile Vamos. Los dirigentes de Evópoli apoyan en su mayoría el establecimiento de una nueva Constitución (61%), a diferencia de RN (35%) y la UDI (21%).

En suma, desde su fundación, Chile Vamos parecía albergar ideas proclives a otorgar al sistema un carácter más solidario y posiblemente refundacional. En este tiempo de crisis, el desafío radica en transformar estas ideas en acción política. Si no, se quedará simplemente en una diversidad social e ideológica escondida e incapaz de contrarrestar la tendencia reaccionaria de las élites de su sector.

La idea de negociar

Este post fue originalmente publicado en La Tercera

“La idea de legislar”, así, a secas, siempre ha sido un mal nombre para el primer trámite de una ley. Lo que el Congreso vota cuando revisa por primera vez un proyecto, es si están de acuerdo en discutir en detalle el proyecto en cuestión, no si les interesa o no el tema, o si se niegan o no a realizar la función para lo cuál fueron electos. En el fondo – y al contrario como han manifestado analistas y políticos oficialistas- no se trata de que los y las congresistas sean flojas, sino que precisamente están haciendo lo que la Constitución les ordena.

En sistemas presidencialistas, los Congresos tienen poco poder en relación con el Ejecutivo. Esa no es la excepción en Chile, donde el gobierno es el único que puede presentar proyectos que afecten el presupuesto y que, además, controlan la agenda de qué es lo que pueden discutir las Cámaras y cuándo (las llamadas urgencias legislativas). La “idea de legislar” es, entonces, uno de los pocos momentos en la vida de un proyecto de ley en que el Congreso tiene cierta igualdad de poder con el Ejecutivo.

Cuando un proyecto es aprobado en general, el Congreso empieza una discusión artículo por artículo y con indicaciones. Algunos pensarán que no tiene sentido que el Congreso evite esta etapa, pero no hay que olvidar lo complejo que es poner de acuerdo a distintas facciones políticas en torno a algo. Si ya es complicado ponerse de acuerdo en votar un proyecto en general, el nivel de coordinación requerido durante el resto de la tramitación es mucho más alto. Es por eso que el poder del Congreso disminuye después que se aprueba la idea de legislar: el chef de “la cocina” es el Ejecutivo.

El uso de esta herramienta no es nuevo. Uno de los casos emblemáticos fue el rechazo a la idea de legislar sobre aborto que tuvo el Senado en 2012, con votos de la derecha. Ahora, el que las comisiones respectivas hayan rechazado la idea de legislar no es la última palabra, sino que aún falta la decisión de la Sala. Algo similar ocurrió en 2015 con la carrera docente, que fue rechazada por la Comisión de Educación para ser luego revertido el rechazo en la Sala.

Lo que sí es complejo es que el gobierno antagonice a la oposición con la ciudadanía, con la idea que rechazar la idea de legislar es lo mismo que negarse a trabajar o simplemente obstruir. El rol del Congreso es revisar, discutir y, ojalá, perfeccionar los proyectos que entran. Si un gobierno pretende que el Congreso no ocupe las herramientas que le otorga la Constitución, entonces está diciendo que no le gusta nuestro sistema político. Hay otros sistemas, como el parlamentarismo, donde este tipo de situaciones ocurren con menos frecuencia. Por mientras, el camino que traza la Constitución es conocido por todos los involucrados.

La otra opción es que el gobierno nunca haya querido aprobar estos proyectos y simplemente busca mostrar a sus adversarios como poco dialogantes ante la ciudadanía. Eso no sería raro viendo el amplio despliegue comunicacional detrás del proyecto de Admisión Justa. Si esta fuera la realidad, toda esta indignación no sería más que una impostura. Por eso mismo es importante observar si el Gobierno va a buscar una posición más dialogante – sobre todo con la DC – antes que los proyectos se discutan en la Sala. Si el nivel de indignación es indirectamente proporcional al interés del gobierno por aprobarlos, apostaría que la reforma a las pensiones tiene mejor futuro que la de admisión escolar.