Soluciones universales a problemas universales

Columna publicada en La Tercera

Uno de los principios más extendidos en la discusión de política pública en Chile es el de la focalización. Según esto, los recursos públicos debieran usarse para enfrentar las necesidades de quienes más lo necesitan, buscando llegar de forma “focalizada” a esos grupos y no a quienes no requieran de la contribución del Estado. Si bien puede sonar algo poco controvertido, suele chocar con una serie de propuestas que miran a los derechos sociales como universales. Así, fue una piedra de tope a la hora de extender la gratuidad universitaria a toda la población y sigue siendo un recurso utilizado para oponerse a otras medidas.

Sin embargo, la focalización en versión chilena se mezcla con la profunda desconfianza con que el Estado mira a la ciudadanía. Esto trae dos problemas esenciales. El primero es que el argumento de la focalización (así como otros relacionados a creer que las políticas públicas no son, en efecto, políticas) se ha elevado al nivel de dogma. No existe, en algunos círculos y por cierto en el gobierno, justificaciones para pasar por encima de este principio. Incluso, enfrentados ante la pandemia y sus complicaciones, la respuesta es la misma que para los tiempos normales: la focalización no se toca.

La segunda complicación es que este dogma, al mezclarse con una desconfianza endémica en la ciudadanía, hace que el foco de cualquier respuesta a la pandemia esté en buscar cómo evitar que algunos se aprovechen de la medida, en vez de lograr que la ayuda le llegue a todos los que la necesitan. En vez de tomar las recomendaciones de una serie de expertos (entre ellos ex ministros de Hacienda y organismos internacionales) de implementar medidas extensivas y universales para paliar la crisis, el gobierno se ha esmerado en ir creando un goteo inconsistente de políticas sociales de emergencia. Todas estas medidas van asociadas a un grado de desconfianza.

Miremos algunos ejemplos para ilustrar estos puntos. Para solventar la inmediata baja en el ingreso de las personas más vulnerables, el gobierno decidió entregar un Ingreso Familiar de Emergencia. En el proceso de debate de esa medida, parlamentarios oficialistas planteaban que el monto tenía que ser bajo, pues la gente no podía pretender vivir del Estado (vaya ironía viniendo de alguien que, precisamente, vive gracias a los ingresos que le proporciona el Estado). Si eso no es poco, dos ministros de ese entonces salían felices en los medios por haber sido duros y no ceder a quienes pretendían aumentar los montos. Obviamente esa medida fue insuficiente y el gobierno debió volver a plantear otro IFE, mientras un tercero viene ya en camino. Además, diversos municipios y parlamentarios acusan que han debido gastar recursos propios en ayudar a la gente a postular (y apelar) al IFE, ya que el sistema no cuenta con la información actualizada.

Otro ejemplo es el proyecto de ayuda a la clase media y su correspondiente crédito sin interés. Cuando el gobierno anunció la entrega de $500 mil a quienes tenían ingresos mensuales entre ese monto y $1.5 millones, muchos nos sorprendimos. Eso era lo más cercano que el gobierno había estado a una política universal. Pero no, la exigencia es que la gente acredite una reducción de sus ingresos de un 30% para poder acceder al beneficio. Mismo requisito para el crédito con que el gobierno pretende convencer a la ciudadanía de no sacar el dinero de la AFP. Como hicieron ver incluso representantes del oficialismo, ese tipo de medidas ponen en una serie de problemas a quienes tienen casos relativamente complejos o quienes tienen ingresos informales. Nuevamente el gobierno está más preocupado de que no haya quienes se aprovechen del sistema en vez de preocuparse que la ayuda le llegue a los que la necesitan.

Es casi un lugar común decir que la pandemia ha hecho temblar nuestros supuestos sobre cómo debieran diseñarse e implementarse las políticas públicas, pero la verdad es que ese remezón no ha llegado mucho a la práctica. Mientras tenemos estados de emergencia para limitar el desplazamiento y otros derechos fundamentales, pareciera que la receta con la cual se diseñan las medidas económicas hace caso omiso de esa excepcionalidad. Lo que necesitamos es un Estado que trate de llegar con ayuda a todos quienes lo necesitan, aún a costo de que algunos se aprovechen. Que al menos por esta vez, la focalización se ponga al servicio de la ciudadanía y no al revés.

Soluciones colectivas, no problemas individuales

Columna publicada en La Tercera

El fin de semana pasado estuvo de cumpleaños el NHS, el sistema de salud británico. Creado hace 72 años bajo el gobierno laborista de Clement Attlee, tuvo su nacimiento en plena posguerra en un país empobrecido y en duelo. La premisa era y sigue siendo simple: atención de salud de calidad, absolutamente gratuita al punto de servicio. Es decir, no se requieren transacciones de dinero para recibir atención (salvo contadas excepciones, como la salud dental) y opera bajo criterios de eficiencia colectiva.

El sistema está lleno de problemas -está constantemente sufriendo por falta de financiamiento, hay desigualdad de recursos entre una región u otra-, pero es uno de los mejores servicios de salud pública del mundo en el que confluyen todos los estamentos de la sociedad. Es un sistema colectivo para hacer frente a problemas que usualmente creemos que son individuales (pero no lo son).

La fecha me hizo recordar que en Chile estamos acostumbrados a las soluciones individuales a problemas colectivos. Es algo inherente a nuestro sistema político y de valores. Algo que muchos llaman neoliberalismo. La lista de ejemplos es larga: en pensiones, la capitalización individual es el punto angular del sistema y cualquier modificación que incorpore solidaridad no es más que una pequeña corrección. A la hora de hablar del endeudamiento de las familias (que ha subido a niveles gigantescos en la pandemia), el decano de Economía de una universidad plantea que se debe a la irresponsabilidad de quienes se endeudan. Si se trata de evitar que la gente salga a trabajar en medio de la cuarentena, la solución es aumentar las penas de cárcel. Podemos seguir por horas porque en casi todas las áreas de política pública nuestro sistema tiende a minimizar, discursivamente, el rol de las estructuras en el comportamiento individual.

La crisis del Coronavirus nos ha demostrado que no basta con soluciones individuales y que el Estado necesita fuerza y recursos para poder sostener a nuestra sociedad. Esto puede parecer obvio, pero es profundamente cuestionado desde ciertas trincheras ideológicas. Por ello, no deja de ser paradójico que el principal asesor presidencial, Cristián Larorulet, plantee en Twitter con orgullo que Chile tiene la mejor red de protección social de América Latina, algo impensable cuando era director de Libertad y Desarrollo.

En salud, por ejemplo, tenemos dos sistemas paralelos: uno donde los ricos se rascan con sus propias uñas (que son bien largas) y otro para el resto, que tiene que hacer mucho con muy poco. Pero nos hacemos los tontos a la hora de asumir que una enfermedad crónica sin tratamiento tiene consecuencias graves en toda una familia y su entorno. Malos hábitos alimenticios, tabaquismo o alcoholismo tienen consecuencias para quienes los padecen, su entorno y la sociedad completa. Y a la hora de una crisis, como las del COVID-19, la existencia de dos sistemas no tiene justificación social. Eso lo entendieron rápidamente las autoridades sanitarias, que tomaron control de las camas y los equipos en el sistema público y privado. Aún con sus fallas, hoy tenemos en operación un solo sistema de salud para hacer frente a la crisis. Me atrevería a decir que cuando hagamos las evaluaciones futuras, esa decisión va a ser de las pocas profundamente acertadas.

En los años que vienen nos toca hablar sobre el futuro. Tenemos un proceso constitucional ad portas donde podremos reescribir cómo nos queremos organizar como sociedad. El cumpleaños del NHS me recordó también que incluso en la cuna del capitalismo queda espacio para un sistema público, en el que todos se tratan como iguales y trabajan colectivamente. Si algo bueno nos puede traer la pandemia, es que dejemos de contar con realidades paralelas para quienes tienen mucho y para el resto. Que nadie se rasque solo, que todos lo hagamos en conjunto a través de una estructura estatal sólida, eficiente y bien alimentada. Si un país en ruinas después de la guerra pudo hacerlo hace 72 años, vale la pena planteárselo para Chile.

La política de la (in)competencia

Columna publicada en La Tercera

A veces es un tema olvidado entre analistas electorales, pero las elecciones no se ganan sólo por ser más simpáticos o tener más aprobación. Las elecciones son procesos complejos donde votantes tienen que decidir entre quiénes les gusta más, quiénes son más cercanos ideológicamente y, con más relevancia que nunca, quiénes son más competentes en gobernar.

La obsesión con encontrar una figura atractiva o un líder que pueda arrastrar votos obedece a dos factores: un sistema hiperpresidencialista con un énfasis en la personalización de la política; y una falta de comprensión sobre cómo toman la decisión los y las votantes. Sobre lo primero, no hay mucho que decir. Chile hereda su sistema en una combinación de la tradición americana y los resabios autoritarios de la dictadura. Tenemos un modelo donde quien dirige el Ejecutivo puede, por ejemplo, esperar un mes para promulgar una ley que no le gusta y tomarse sólo 3 horas en la que le gusta. O vetar leyes que han sido aprobadas por el Congreso, a pesar de que esto vaya contra una mayoría amplia. Es por eso que tratamos de entender la elección presidencial como quien mira a un concurso de popularidad. En vez de mirar a las competencias, analistas de todos los lados se enfocan en las supuestas características personales de quienes buscan liderar.

Pero las elecciones no ocurren en el vacío. Los actores políticos no ganan sólo por sus atributos personales ni por su simpatía. Las decisiones de los votantes se toman dentro del contexto en el que están, analizando las opciones disponibles y contrastándolas con una serie de atributos. La ciencia política lleva un buen tiempo analizando esto en términos de quién es más competente para cumplir su labor. Algunos lo reducen simplemente al llamado voto económico, es decir, a que votantes castigan a la coalición en el poder cuando la economía va mal. Otros plantean nociones como el de propiedad de los temas, donde ciertos sectores tienen, en el imaginario popular, más capacidad de cumplir promesas en algunas áreas. Es en ese sentido donde la carrera del próximo año toma ribetes completamente nuevos, la (in)competencia se vuelve más clave que nunca.

Es difícil creer hoy que la elección del 2021 se defina por la economía. Hay una crisis mundial en formación y va a ser difícil convencer al electorado de que una u otra coalición puede mejorar esto. Menos en un país chico y extremadamente sensible a los ritmos externos. Por eso mismo, la capacidad de sobresalir en ciertos temas se vuelve más relevante. La derecha ha sido históricamente propietaria de temas como la economía y el control de la delincuencia. El primero está fuera de juego por la pandemia, el segundo lo perdió con su reacción al levantamiento de octubre de 2019 y con la confirmación de que no tienen control sobre las policías. Así, otros temas históricamente relacionados con la centroizquierda se han vuelto más relevantes, como la protección social y la salud pública. Y, al menos en el último, el gobierno ha pasado de fracaso en fracaso.

Entonces, ¿y si en vez de quebrarse la cabeza buscando a la persona para liderar un proyecto, la oposición ocupa esa ventaja en construir un proyecto con independencia de quién lo dirija? Gran parte del discurso sobre la falta de liderazgos en la izquierda obedece, en mi opinión, a que han privilegiado el “quién” sobre el “qué” o el “cómo”. Están entrampados en buscar a alguien que marque mejor en las encuestas en vez de pensar dónde están las ventajas comparativas comparativas del sector.

La tarea no es fácil, los partidos y coaliciones de la oposición tienen aprobaciones aún más bajas que el gobierno y, además, sufren de una aversión algo infantil a trabajar en conjunto. Pero también tienen al frente a un gobierno claramente incompetente en aquellos temas donde la ciudadanía ha puesto su foco. Esta elección puede dejar de ser sobre quién es más simpático o pasa más tiempo en los matinales y convertirse en una sobre quién ofrece soluciones más razonables para los enormes desafíos que se vienen. Para eso no se necesita una cara amable sino que un proyecto creíble.

Entendiendo 400 años de racismo estatal

Columna publicada en La Tercera

Se suele decir que el racismo es un problema estructural o, como plantea Reni Eddo-Lodge, la combinación de prejuicio con poder. Abundan los análisis sobre las protestas en los EE.UU. enfatizando sus orígenes inmediatos o sus consecuencias a la elección de noviembre, pero no mucho se menciona sobre cómo, por 400 años, ese país se ha construido sobre –y gracias a– estructuras racistas.

En agosto de 1619, en Point Comfort, Virginia, llegó el primer barco de esclavos africanos a las costas de la entonces colonia inglesa. Como muestra Nikole Hannah-Jones en su serie de periodismo investigativo 1619, el funcionamiento de las 13 colonias iniciales de los Estados Unidos es institucionalmente racista, explotando a la esclavitud como base del sistema económico y de vida.

Asimismo, el periodista Ta-Nehisi Coates plantea en una emotiva carta pública a su hijo, que desde la declaración de independencia (1776) hasta el fin de la Guerra Civil (1865), los conceptos de democracia, libertad o igualdad ante la ley que hacían enorgullecer a los Padres Fundadores no incluían a la población negra. Si bien algunos como Sam Adams planteaban desde el inicio la abolición de la esclavitud y que otros, como Lincoln, lo consideraban algo suficientemente importante como para ir a la guerra, lo cierto es que esos primeros 250 años de vida de los EE.UU. no se entienden sin el rol clave que tuvo la esclavitud.

En el libro The New Jim Crowla jurista Michelle Alexander nos trae a pensar esa misma estructura racista, pero en los tiempos actuales. Así, Alexander propone que el sistema carcelario norteamericano no es más que una nueva etapa en el sistema de castas raciales que conforma a esta sociedad. Ella formula que cada mejora de condiciones de la población negra en los Estados Unidos va acompañada de una reacción de los sectores supremacistas blancos, que muchas veces reemplaza a las instituciones racistas fenecidas por otras que operan dentro del marco de lo legal. Así, la esclavitud fue reemplazada por la segregación racial. Y después de las protestas de 1968 y el movimiento de derechos civiles, la segregación fue reemplazada por la violencia policial y el encarcelamiento masivo. Hoy, los Estados Unidos ostentan dos tristes récords: el del mayor número de personas en la cárcel (incluso más que China); y el de la mayor tasa de personas encarceladas (655 por cada 100.000 habitantes, a larga distancia del segundo en la tabla, El Salvador). La situación es más trágica cuando se mira en términos de raza. Mientras la tasa de encarcelamiento es de 450 por cada 100.000 personas blancas, ésta sube a 2.300 por cada 100.000 personas negras.

El uso de la cárcel y de mecanismos punitivos para controlar o segregar de forma racial no es algo anecdótico. Daniel Kato, en su libro Liberalizing Lynching, estudió cómo fue posible que durante más de 70 años (desde 1890 hasta 1968), más de 1.200 personas negras murieran a manos de supremacistas blancos en ejecuciones públicas sin ninguna protección legal. Kato explica que mientras los estados hicieron vista gorda a lo que estaba ocurriendo en su territorio, el gobierno federal construyó salvaguardas jurídicas para evitar inmiscuirse en la persecución penal de los autores de los linchamientos. Kato concluye que esto es una señal de que los EE.UU. se han constituido como un Estado racializado, que es la continuación natural del Estado que aprovechaba la esclavitud hasta la Guerra Civil.

En estos días, ese Estado racializado se ha convertido, en palabras de Seth Morris, en un Estado encarcelador. El abogado, que estuvo involucrado en la defensa de Rodney King, cuya brutal golpiza dio inicio a las protestas de Los Angeles en 1991, comenta que después de casi 30 años del incidente, hoy es aún más difícil que las víctimas de violencia policial obtengan justicia: el Estado encarcelador ha institucionalizado la violencia y abusos policiales contra la población negra al punto que este tipo de situaciones no recibe mayor atención por el sistema penal.

Así, cuando empezaron las protestas por el brutal asesinato de George Floyd por parte de policías en Minneapolis, muchos miraron al presidente norteamericano para revisar su reacción. Más allá de algunas palabras de crítica al asesinato, Trump ha ocupado la mayor parte del tiempo amenazando a quienes protestan (incluso con disparos), a los gobernadores de los estados donde ocurren las protestas (llamándolos a “dominar” a quienes están en las calles) y exigiendo la acción de las Fuerzas Armadas en suelo norteamericano, contra ciudadanos y ciudadanas norteamericanas. En el fondo, en vez de cuestionar la estructura racista que sustenta el Estado a su cargo, ocupa la fuerza para tratar de defenderlo. Aunque en la pasada erosione el sistema democrático.

Es por esto mismo que el análisis de las protestas y el racismo no puede hacerse sólo desde lo anecdótico o electoral y comprende revisar, y cuestionarse, las estructuras que lo sostienen. Si empezamos a hacerlo, quizás veamos cosas que preferiríamos no enfrentar.

La oposición como garante de la democracia

Columna publicada en La Tercera

Ser oposición es siempre un ejercicio complejo. No me refiero a la oposición en medio de gobiernos autoritarios, donde eso se paga con la libertad o la vida. Hablo de ser oposición en estados democráticos, donde el rol de los partidos que no tienen el poder es mucho más que oponerse al gobierno. Ser oposición es un balance entre buscar el poder a través de atraer votantes y fiscalizar al gobierno de turno. Y esto se vuelve aún más difícil en medio de una crisis.

Hay algunos que miran de forma romántica el gobierno de unidad de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, y lo plantean como una jugada maestra del histórico primer ministro británico. Pero olvidan que ese gobierno fue forzado, justamente, por la oposición que hizo el partido laborista de Clement Atlee al fracaso del entonces primer ministro, Neville Chamberlain. Churchill asumió como figura de consenso, con Atlee como segundo a bordo. Pero una vez terminada la guerra, el laborismo rompió la coalición y terminó ganando las elecciones siguientes. El gobierno de unidad estuvo lejos de ser sólo un acto magnánimo de Churchill, sino que también fue el resultado de una oposición crítica que buscó modificar el curso de la estrategia británica en la guerra. Y tenían razón.

Aunque no estamos en una guerra (por más que a algunos les genere placer el uso de metáforas bélicas), el mensaje sobre la historia del gobierno de Churchill es clave: una buena democracia necesita de una buena oposición. Y esto no se refiere a una oposición obsecuente que “deje al gobierno tranquilo”, sino que una que entiende que su rol fiscalizador es esencial en procesos democráticos.

Así, como hemos visto en otras partes del mundo, la oposición debe ser capaz de avanzar en su búsqueda legítima de poder, mientras al mismo tiempo fiscaliza y colabora. Una oposición democrática no es un buzón que aprueba sin más los proyectos del gobierno, sino una que los mejora y plantea sus dudas. Una oposición democrática cuestiona las cifras oficiales y fuerza a sus gobiernos a replantear las políticas que no tienen suficiente sustento. Una oposición democrática, al final de cuentas, comprende que exigir la rendición de cuentas del gobierno no es estorbar, sino que ayudarlos a cumplir su labor de mejor forma.

Es usual que en estos tiempos los gobiernos quieran que los dejen tranquilo, que les tengan confianza en que están haciendo su mejor esfuerzo. Y si bien lo último puede ser cierto, nadie está ajeno a errores. Uno deja a sus hijos que se equivoquen para que aprendan de sus errores, pero la oposición no puede hacer lo mismo en medio la crisis sanitaria global más grande que hemos tenido en el último tiempo. No sería responsable y no sería democrático.

Ahora, la dificultad de todo es proceso es encontrar, en términos de opinión pública, ese punto medio entre ser proactivos y ser odiosos. La tentación de forzar al gobierno a fracasar es alta, pero a diferencia de otros tiempos, tiene como consecuencia directa la muerte de más personas a cuenta del virus o sus consecuencias. Pero eso no puede volverlos inmóviles y asustados de hacer las preguntas difíciles, rechazar las malas ideas y proponer cambios a las mejorables. En términos de opinión pública se trata promover la distinción entre el éxito del gobierno y el control de la pandemia. Así como Churchill lideró un gobierno que estuvo en el bando de los vencedores de la guerra, también fue rápidamente derrotado por una oposición que supo diferenciar lo que era mejor para el país con lo que es mejor para el gobierno. Ahí está el desafío.

El TC, un órgano político y polarizado

Esta columna fue escrita en conjunto con Jorga Fábrega y Sammy Droby y fue publicada en La Tercera

El Tribunal Constitucional (TC) es un órgano político. Ésta es una afirmación que puede parecer controversial para algunos de sus ministros o incluso para abogados que litigan ante el TC, pero no lo es para la amplia literatura académica sobre cortes constitucionales. Estos tribunales son políticos por varias razones. Por ejemplo, porque sus decisiones se refieren a temas políticos, porque en muchas ocasiones el nombramiento de sus miembros obedece explícitamente a acuerdos políticos, o porque las decisiones del tribunal se ajustan a esos mismos criterios.

En un estudio que tenemos en preparación (y que aún no ha pasado por revisión de pares), analizamos las sentencias del TC chileno desde 1990 hasta el 2016 buscando evidencia empírica sobre si las diferencias en las votaciones de los ministros podían o no responder sistemáticamente a razones políticas. No sólo encontramos que lo hace, sino que proponemos que la reforma del 2005 tuvo un rol clave en convertirlo en un órgano mucho más permeable a las disputas políticas a nivel nacional, en particular a la polarización ideológica.

El 2005 se realizó la mayor reforma al funcionamiento del tribunal, en el cual además de otorgarle la potestad de revisar los recursos de inaplicabilidad, se modificó el sistema de nombramiento de los ministros. A partir de ese año se aumentó el número de 7 a 10 miembros y se le entregaron 3 cupos al Ejecutivo y 4 al Congreso (2 al Senado y 2 al Congreso pleno). Con esto se incrementó el porcentaje de ministros elegidos por órganos netamente políticos de 29% a 70%. Se estableció una regla de 2/3 en las nominaciones hechas por el Congreso, con la expectativa de que ello los obligara a consensuar la elección de personas políticamente moderadas en el cargo. Sin embargo, la tradicional norma del empate político chileno que existía en Chile a esa fecha terminó generando un sistema en que derechas e izquierdas acordaron apoyarse mutuamente en la selección de miembros del TC. De este modo, no es que consensuaran cada nombre de cada nuevo miembro, sino que adquirían derechos preferentes para nominar alternadamente a los miembros del tribunal. Con eso, en vez de privilegiar la independencia judicial, se incorporó la lealtad y afinidad política en el proceso.

Pero no sólo se trata de que el nuevo mecanismo haya permitido el nombramiento de ministros con posiciones políticas claras, sino que además el TC comenzó un proceso de acoplamiento ideológico con el resto del sistema político. Como lo demuestran otros estudios académicos, tanto la población como la élite en Chile han tenido un creciente proceso de polarización ideológica, vaciando al centro político. Ese mismo proceso ha ido ocurriendo entre los ministros y ministras del TC que son nombrados por actores políticos (a diferencia de quienes son nombrados por la Corte Suprema): a través de los años se han ido polarizando de forma alineada con los sectores que los nombraron. Este proceso es consistente incluso después de considerar la carrera y circunstancias personales de los ministros y ministras.

Nuestra evidencia no sólo permite decir que el TC es político, sino que además muestra que su proceso de toma de decisiones no es ajeno a las contingencias políticas externas. Éste no es un fenómeno nuevo en el mundo. En países como EE.UU., el nombramiento de jueces a la Corte Suprema es considerado como un verdadero botín político, y lo mismo ocurre en otros países que cuentan con estas cortes. Pero el problema en Chile es que esto alimenta una brecha entre la expectativa de un tribunal netamente judicial y la realidad de un órgano que toma decisiones incorporando variables políticas. Entre otras cosas, esta brecha se refleja de forma clara en la reciente crisis del TC, donde sus miembros están enfrentados entre quienes ven esta realidad y quienes prefieren negarla.

A la luz de los debates constitucionales que vienen, esperamos que esta evidencia sirva para mostrar que no siempre las reformas institucionales tienen los efectos esperados. El año 2005 era difícil encontrar voces críticas a la reforma al TC, incluso no hubo quienes –al menos en el debate académico o público– advirtieran sobre la posible polarización de sus miembros. Hoy, a 15 años de su entrada en vigor, es claro que el Tribunal ya no es el órgano judicial técnico que se describe en libros de texto de derecho, sino que una institución política que debe ser analizada desde esa óptica. Y, por lo mismo, susceptible a los mismos incentivos que otros actores políticos, así como a su evaluación por parte de la opinión pública.

Lo que fácil llega, fácil se va

Columna publicada en La Tercera

Por segunda semana consecutiva, la aprobación del presidente Piñera subió, esta vez de 18 a 21 puntos según la encuesta Cadem. Si bien aún es temprano para plantear que el alza se deba a una tendencia, lo cierto es que es un fenómeno que estamos viendo en varios países durante la crisis del Coronavirus. Incluso en lugares donde las medidas para paliar el contagio han sido ampliamente cuestionadas, como los Estados Unidos o el Reino Unido, sus jefes de gobierno suben en aprobación. Y lo que lo hace más interesante aún es que hay otros países, como España, donde el fenómeno parece inexistente.

Sin embargo, el gobierno chileno no debería sacar cuentas alegres sobre esta repentina subida. No sólo porque nadie en su sano juicio debiera celebrar un 21% de aprobación, sino que porque la evidencia disponible permite decir que esta subida no tiene el potencial de mantenerse en el tiempo. Este fenómeno de subidas repentinas de aprobación en medio de una crisis está bien documentado en la ciencia política, le llamamos el rally ‘round the flag effect (o efecto de unirse detrás de la bandera) y se ha estudiado principalmente en el contexto de guerras o ataques terroristas. Por ejemplo, durante la primera campaña en Irak, George H. W. Bush pasó de 51 a puntos a 89 en aprobación. Algo similar ha sido evidenciado en países como Japón o el Reino Unido.

Pero, entonces, aparecen dos preguntas claves para poder comprender este fenómeno. La primera es entender por qué ocurre, y la segunda es saber si dura en el tiempo. Sobre la primera, los estudios de opinión pública han identificado algunos mecanismos que pueden operar al mismo tiempo. El primero es una reacción emocional ante el peligro externo que lleva a las personas a buscar refugio en el liderazgo disponible. Un segundo mecanismo tiene que ver con la búsqueda de orden frente al caos. Quienes tienen una disposición más conservadora tienden al orden de forma natural, pero quienes se sienten representados por visiones más progresistas suelen reducir sus aprehensiones ante un estado controlador y rendirse a la autoridad. Este último caso podría explicar por qué este efecto pareciera estar favoreciendo más a gobiernos de derecha (como Chile, Francia, EE.UU. o el Reino Unido) que a gobiernos de izquierda, como en España.

Si hay algunas dudas sobre cómo funciona el efecto de rally ´round the flag, hay menos preguntas sobre su duración. La evidencia disponible muestra que estas alzas de popularidad suelen irse de forma tan rápida como llegan, una vez que la crisis externa deja de ser percibida como relevante. También hay casos, como guerras largas, en que la gente se agota y vuelve a sentir la necesidad de cuestionar al liderazgo nacional. En el fondo, estas alzas no son un cambio substantivo en la evaluación del gobierno, sino que simplemente una reacción ante la urgencia. Y, por eso mismo, es un capital político efímero que no tiene una utilidad de largo plazo.

Aún es temprano para determinar si eso es lo que está ocurriendo en Chile, pero las señas mundiales apuntan en esa dirección. Asimismo, toda la investigación en este tema se enmarca en conflictos armados, situaciones geopolíticas como la crisis de los misiles en Cuba o la Guerra Fría, o como resultado de ataques terroristas. Hasta ahora, no hemos podido observar este fenómeno ante una amenaza global urgente, como es el coronavirus o la emergencia por el cambio climático. Así que lo que sabemos hasta ahora puede ser completamente inútil para evaluar la crisis actual. Mientras tanto, recomendaría cautela. Lo que fácil llega, fácil se va.

Posterguemos el plebiscito

Esta columna fue publicada originalmente en La Tercera

Ya que voy a hablar de un tema relacionado al Coronavirus, es importante partir por lo siguiente. No soy experto en epidemiología, transmisión de enfermedades, o salud pública. Pero sí entiendo algo sobre comportamiento político y procesos electorales, y desde ahí me interesa aportar argumentos a favor del aplazamiento del plebiscito del 26 de abril.

La evidencia mundial disponible hasta ahora nos dice que la epidemia del Coronavirus no se detendrá y un porcentaje importante de la población va a contraerla en los próximos meses. Lo que también sabemos es que la mayor tasa de mortalidad está directamente relacionada con el colapso de los servicios de salud, y que por eso las medidas que tomemos para mantener a la gente en sus casas es vital. Es por eso que el gobierno decidió cerrar colegios, fronteras y eventos de más de 200 personas.

En primer lugar, el plebiscito en las actuales condiciones propone un riesgo en términos de salud pública. Cuando todas las recomendaciones de la OMS plantean que la gente debe mantenerse en sus casas, resulta absurdo organizar elecciones donde millones de personas saldrán a las calles y se concentrarán en locales de votación. El ejemplo francés del fin de semana pasado, que muchos ocupan como ejemplo para mantener en pie el plebiscito, es un buen ejemplo de lo contrario: locales vacíos, alta abstención y mensajes dudando de la legitimidad de su resultado.

En segundo lugar, la realización de un plebiscito impone una tarea logística al Servel, al gobierno y a los actores políticos en medio de una emergencia mundial. Además de poner en riesgo a los funcionarios públicos y vocales de mesa, el plebiscito ocupa tiempo en los medios que pudiera ser usado en enseñar y concientizar a la población sobre los riesgos de la epidemia. Por su parte, los actores políticos podrían ocupar ese tiempo y energía en colaborar y fiscalizar la acción del gobierno durante la crisis.

Pero quizás lo más complejo, desde el punto de vista político y no de salud pública, es el manto de dudas que esta epidemia pone sobre la legitimidad del plebiscito. En el actual contexto, sería una verdadera irresponsabilidad que personas mayores de 60 años participen del proceso. No sólo tienen mayor riesgo de sufrir síntomas más fuertes de la enfermedad, sino que también de colapsar los hospitales y centros asistenciales. Lo mismo ocurre con personas inmunodeprimidas, con condiciones críticas o que tengan a su cuidado personas en riesgo. De no posponerse el plebiscito, estamos, en los hechos, negándoles el derecho a voto a ese segmento de la población y de forma absolutamente arbitraria.

De posponerse el plebiscito, es difícil saber a priori cuándo se va a terminar la epidemia, pero políticamente es inviable no determinar la nueva fecha desde ya. Eso por dos motivos: el primero es porque sería un golpe de gracia a la casi inexistente confianza en las instituciones; el segundo es porque la fecha está en la Constitución. Una alternativa razonable, a estas alturas, es mover todo seis meses. Es decir, que el plebiscito ahora coincida con la elección municipal del 25 de octubre y que la eventual elección de convencionales ocurra en marzo/abril de 2021. Esta fecha aliviaría el trabajo de planificación del Servel y permitiría tener un calendario electoral más ordenado.

Mover el plebiscito tiene grandes costos políticos, y es por ello que ningún sector tiene la legitimidad suficiente para hacerlo por si mismo. Al revés, tiene que ser fruto de un acuerdo similar (y ojalá más amplio) que el alcanzado el 15 de noviembre, donde nuestros representantes sean capaces de actuar de forma decidida ante la urgencia. Además, requiere de 2/3 del Congreso para ser aprobado. Algunos dirán que es muy temprano para tomar esta decisión y que es mejor esperar un poco más. Creo que hay momentos en los que es preferible ser tildados de exagerados antes que de irresponsables.

La élite perpleja

Este post fue originalmente publicado en La Tercera

Después de leer algunas columnas del fin de semana pasado, queda la impresión de que aún falta mucha gente que condene la violencia. Que la amenaza del derrumbe económico debiera hacer reaccionar a la calle y que, si bien las movilizaciones fueron útiles para gatillar los cambios, es hora de pararlas para seguir trabajando con calma sobre esos cambios. Todas y cada una de estas afirmaciones son insistentemente inconsistentes con la evidencia y muestran a una élite incapaz de escuchar -ni hablemos de entender- lo que ocurre fuera de su espacio de poder.

Los datos de la última encuesta Cadem muestran el 96% de los encuestados está en contra de los saqueos y robos, mientras que un persistente 67% (con el simbolismo de los 2/3) está de acuerdo con que continúen las movilizaciones. Eso no sólo echa por tierra la idea de que falta gente aún que condene los saqueos y destrozos, sino que además muestra que la opinión pública es capaz de diferenciar ambos fenómenos. La estrategia de insistir con el “debemos condenar la violencia” no es más que un mantra vacío que no genera efectos prácticos, y que confirma la falta de sintonía entre gobernantes y gobernados.

Sin ir más lejos, esta semana también tenemos una cifra récord entre quienes prefieren la democracia a otra forma de gobierno (71%). Este número es el más alto de los últimos 10 años, según estudios del PNUD. Podríamos interpretar que las movilizaciones, la violencia y el estado actual del país no han estado acompañados de resabios autoritarios. Algo que también debe descolocar a esa parte de la élite que espera (a veces con gusto) que la desesperación por el orden público permita desmovilizar a la población. Pero no: ambas cosas no corren juntas. La opinión pública sí favorece una mayor acción policial contra la violencia, mientras que busca más movilización y menos concentración del poder. Eso también trae una dificultad mayor, porque la ciudadanía concuerda con que la policía ha usado la fuerza de forma excesiva (58%) pero está de acuerdo con que las FF.AA. protejan infraestructura crítica (59%).

Finalmente, tampoco parece que las inevitables consecuencias económicas de la crisis sean capaces de debilitar al movimiento. Mientras hace unos meses la encuesta Criteria mostraba lo deslegitimado que estaba el discurso del crecimiento económico, ahora la mayoría (87%) acepta que nos demoraremos meses o más en recuperar algo de “normalidad”. La percepción es que, en realidad, el crecimiento opera en beneficio de los más ricos.

Esta es una tormenta perfecta para la clase política. La sociedad demanda más que nunca una respuesta contundente a temas concretos como las pensiones, salud o educación, mientras exige que se le escuche más y se concreten los cambios institucionales prometidos. Todo eso mientras más del 40% ha participado de manifestaciones, algo insólito en nuestra reciente vida democrática. Los llamados a desmovilizar no sólo están a destiempo con respecto de la opinión pública, sino que, contrastado con algunas entrevistas y columnas, reflejan el miedo que tiene la élite a la falta de control y la pérdida de poder.

Aunque suene cliché, la población está exigiendo que los problemas de la democracia se resuelvan con más democracia. Y mientras la población parece consciente de los costos que tendrá este proceso, también se ve más dispuesta -que gran parte de los columnistas y políticos- a pagarlos.

Los riesgos de un plebiscito de entrada

Este post fue publicado originalmente en La Tercera

El anuncio del gobierno de un Congreso Constitucional fue recibido con escepticismo en la oposición. Y en eso tiene mucho que ver el hecho que la misma opinión pública rechaza la opción que la discusión constitucional se radique en el Congreso. Luego de un par de días, queda claro que el gobierno no logró convocar suficientes apoyos. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, en respuesta, decidió aprobar la realización de un “plebiscito de entrada” que le pregunte a la gente sobre si desean cambiar la Constitución y bajo qué mecanismo.

Si bien el mecanismo puede ser bien intencionado y lograr aplacar rápidamente las ansias de participación, también puede caer en una serie de errores que lo conviertan en un fracaso.

El primer riesgo es sobre la vaguedad del contenido del plebiscito. Como aprendimos con el Brexit, es temerario cuando a la gente se le ofrecen alternativas que no tienen asegurada su aplicabilidad posterior. En un mundo ideal, debiéramos pedirle a los votantes que decidan no sólo sobre lo que se debe hacer, sino el cómo. Y ese cómo debe estar completamente delimitado, sin espacios a interpretación. Si eso no ocurre, la decisión vuelve al Congreso donde la negociación política puede trabar la implementación del plebiscito. No es necesario ser pitoniso para anticipar las consecuencias sociales que eso puede tener.

El segundo riesgo consiste en la limitada legislación de campañas electorales con que cuenta el país. En el manual sobre campañas preparado por el Servel para las elecciones del 2017, la única mención que existe a redes sociales se refiere a que los candidatos o candidatas deben declarar sus gastos en estas plataformas. La ley general de escrutinios es aún más vaga. El país no está preparado para los nuevos mecanismos de campañas, donde abundan las informaciones falsas, las campañas del terror y la hipersegmentación de los mensajes gracias a la tecnología. No hay atribuciones para controlar el contenido ni las estrategias. Ya lo vivimos con el “Chilezuela” y el pronóstico no es simple. En medio de un plebiscito, las posiciones se polarizan y los incentivos para que terceros no ligados a las campañas oficiales decidan invertir dinero en transmitir información falsa, aumentan. Si se quiere llevar al país a las urnas en algo tan importante, necesitamos una legislación acorde.

El tercer riesgo está relacionado a la idea de preguntarle a la gente sobre distintas opciones para modificar la constitución. Suena bien que sea la ciudadanía la que se exprese si es que quiere una asamblea constituyente, que lo haga el actual Congreso o alguna solución intermedia. Pero como aprendimos con el teorema de la imposibilidad de Arrow, no existe una forma óptima de agrupar preferencias cuando existen 3 o más opciones. Siempre habrán perdedores y siempre está la opción que la opción menos rechazada (en vez de la más querida) termine dominando. Es por ello que es importante que haya una discusión abierta sobre el sistema de votación, en el que la ciudadanía pueda comprender los costos de elegir entre tantas opciones.

Por último, más que un riesgo, quiero plantear una duda. Se habla que se necesita un plebiscito de entrada para legitimar una decisión (si cambiar la constitución o no) y un mecanismo (de qué forma se modifica). Yo me pregunto, ¿legitimar ante quién? Las encuestas muestran consistentemente que la ciudadanía ya está arriba del carro de una nueva constitución, mientras que también muestran preferencias claras sobre distintos mecanismos. Entonces queda la duda de a quién queremos convencer con un plebiscito. Volviendo al Brexit, una de las principales razones por las que David Cameron convocó al referéndum fue para resolver el dilema interno de las élites de su partido sobre la UE. No vaya a ser que repitamos la historia llamando a un plebiscito para resolver dilemas de la élite que la gente ya tiene resueltos.